juicio sin citarmeHoy veremos el caso de una persona que ha sido demandada en un juicio y, sin embargo, se entera tarde de la existencia del procedimiento, ya que no ha sido emplazada tal y como marca la Ley.  Veamos si podemos solicitar la nulidad de las actuaciones.

Tribunal Constitucional. Sentencia de 02-12-2013.

Este es el caso que se recoge en la sentencia que hoy traemos al blog. Los propietarios de una finca rústica en Isla Cristina presentaron una demanda de desahucio por precario contra los ocupantes de la misma que no pagaban renta, carecían de contrato y, por lo tanto, de cualquier título que les legitimase para seguir ocupando la finca.

Admitida a trámite la demanda, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte intentó emplazar a los demandados por correo certificado, cuyo acuse de recibo fue devuelto con la mención “desconocido”.

A continuación se intentó la notificación personal por medio del Juzgado de Paz de Isla Cristina pero la diligencia fue “negativa”, constando en la misma que el domicilio no se había localizado.

El Juzgado requirió entonces a los demandantes para que aportasen un nuevo domicilio, pero estos solicitaron que se reiterase la notificación personal en el mismo lugar ya que los demandados seguían viviendo en él, ofreciéndose sin embargo los demandantes a acompañar al personal del Juzgado en la diligencia de emplazamiento,  dada la dificultad de localizar exactamente la finca en el medio rural al  que pertenece.

El Juzgado de Ayamonte accedió al ofrecimiento de los demandantes pero el funcionario del Juzgado de Isla Cristina se volvió a personar sólo en el lugar, sin la ayuda de los demandantes, y volvió a expedir una diligencia “negativa” de emplazamiento ya que no fue capaz de encontrar el domicilio señalado.

Ante estos hechos, los demandantes solicitaron que el emplazamiento se realizase por edictos, que se publicarían en el tablón de anuncios del Juzgado.

Se celebró entonces el juicio sin la asistencia de los demandados y se dictó una sentencia por la que se estimó la demanda presentada.

Señalado día para el lanzamiento, la comisión del Juzgado se personó en el domicilio de los demandados con intención de desalojarlos, pero ellos, como no podía ser de otra forma, comunicaron que no habían tenido conocimiento de la existencia de éste juicio en el que no habían podido defenderse. En vista de ello, el Secretario Judicial acordó suspender el lanzamiento.

Los demandados interpusieron entonces un “incidente de nulidad de actuaciones” ante el Juzgado de Ayamonte argumentando que el domicilio señalado en la demanda carecía de algunos datos esenciales para su localización. El incidente fue desestimado.

Los demandados deciden recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerar que ha sido vulnerado su derecho constitucional a la “tutela judicial efectiva” lo que les hizo padecer indefensión.

Admitido el recurso, el TC viene a reconocer la importancia de los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes, con el fin de garantizar el derecho de defensa recogido en la Constitución Española. Nos dice el Tribunal que el derecho de cualquier persona a ser oído en un pleito exige que se acuda preferentemente al emplazamiento personal y que una vez agotado éste, el emplazamiento se realice por edictos, siempre y cuando el domicilio del demandado sea desconocido o se ignore su paradero.

Nos dice también el TC que el órgano judicial debe extremar las gestiones para averiguar el paradero del demandado debiendo decretarse que una persona se encuentra en paradero desconocido únicamente en base a criterios que conduzcan a la certeza o al menos a una convicción razonable de que resultarán inútiles los medios normales de citación.

Aplicada esta doctrina al caso que nos ocupa, el TC dice que nunca se practicó el emplazamiento personal de los demandados ya que la vivienda, localizada en un entorno rural complicado, no fue encontrada hasta la fase de lanzamiento, cuando los demandados ya no podían alegar ni practicar pruebas en el juicio.

Nos dice el Tribunal que el Juzgado no agotó los medios a su alcance para localizar a los demandados, ignoró el ofrecimiento de los demandantes de acompañar al personal del Juzgado de Paz de Isla Cristina y no realizó ninguna otra gestión para el emplazamiento correcto en el domicilio señalado en la demanda, ni en cualquier otro que pudiesen tener, respecto del cual no hizo ni siquiera una averiguación.

Entiende el TC que el Juzgado no prestó la atención exigida para asegurar la notificación personal a los demandados, que ofrece mayores garantías que la edictal, y no intentó la averiguación del paradero de los mismos, lo que no le permite acudir al emplazamiento por edictos, como finalmente se hizo.

El TC estima el recurso de amparo, declara la nulidad de las actuaciones hasta el momento del emplazamiento de los demandados que deberá de hacerse con todas las garantías que exige el “derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión” reconocido en la Constitución.

Visto el resultado de la sentencia, creo que estamos ante un aspecto fundamental a tener en cuenta tanto por los que sean demandados en un procedimiento judicial cualquiera como por los propios Abogados de los demandantes. En el caso de los primeros, porque podéis hacer valer vuestro derecho a ser oídos y defenderos en un juicio, sea cual sea la fase en la que os enteréis de su tramitación, y para los profesionales del Derecho porque un descuido en éste aspecto nos puede llevar a la nulidad de todo el procedimiento, con los inconvenientes que esto supone para nuestros clientes demandantes.

Luis Landa Canosa