preferentesLeí hace poco una noticia en prensa que apuntaba a que todavía un número importante de preferentistas no habían reclamado judicialmente con el fin de intentar recuperar las cantidades en su día invertidas. Me sorprendió, ya que consideraba que a estas alturas era un asunto casi cerrado en el que la gran mayoría de los afectados por preferentes habían obtenido ya, por vía del arbitraje o de demandas judiciales, una solución.

Desgraciadamente el “mercadeo” que se ha generado en los últimos años en torno al tema de las preferentes y de otros productos bancarios, por parte de determinados despachos de abogados, no ha contribuido a dar seguridad a los inversores que dudaban si iniciar o no una reclamación judicial.

Cuando allá por el año 2012, obtuve mi primera sentencia favorable en un caso de participaciones preferentes de un banco islandés, que le había “colocado” la entidad Lloyds Bank a un fontanero jubilado, la situación era realmente distinta. No existía esta caza despiadada al cliente por parte de esos abogados “supuestamente expertos” en la materia que han ido surgiendo de la nada y han llegado a crear, en muy poco tiempo, auténticos “macro bufetes low cost” en los que se hacen demandas como “churros”, sin ningún tipo de personalización y adaptación  a cada cliente.

Desgraciadamente estos despachos han caído en el mismo error que les reprochaban a los bancos: no haber ofrecido una atención personalizada mínima a los clientes (incompatible con eso de ser “low cost”), pretendiendo captarles con campañas publicitarias agresivas que no contribuyen más que a su desinformación.

Un asunto de esta índole, por el grado de intranquilidad que se genera en quien ha perdido todos sus ahorros, requiere dedicar a los clientes el tiempo que no les dedicaron en su día los bancos para explicarles exactamente lo que les vendían. Estos clientes necesitan que los abogados les expliquemos con detalle, con absoluta transparencia  y con exactitud, qué y cómo se va a reclamar, resolviendo una y otra vez sus dudas y elaborando una estrategia de defensa como quien hace un “traje a medida” de cada cliente. Esto, evidentemente, es incompatible con un servicio “low cost”.

Goirigolzarri, Presidente de Bankia, señalaba ayer mismo, en la Junta de accionistas del banco celebrada en Valencia, que había despachos de abogados que estaban desinformando y engañando a sus clientes respecto al proceso de devolución de las cantidades invertidas en acciones de Bankia. Aunque algunos dirán que no es la persona más indicada para hacer reproches, lo cierto es que en el fondo está expresando una realidad.

Tras el anuncio por parte de Bankia, efectuado el pasado mes de enero, de que reintegrarían el importe de sus inversores a los clientes minoristas que compraron acciones de la entidad en su salida a bolsa, he seguido oyendo intervenciones de abogados en medios de comunicación que pretendían “negar la mayor” cuando ya veían que el negocio que habían preparado minuciosamente en torno a la reclamación multitudinaria de estos accionistas se desvanecía.

Esta desinformación y falta de rigor por parte de algunos despachos de abogados muy mediáticos que han ido claramente a la “caza” de estos clientes ha contribuido a que muchos preferentistas, superados por esta situación y por la avalancha de informaciones contradictorias, hayan optado por no reclamar, cuando la realidad ha sido bien distinta y generalmente muy positiva para los que si lo han hecho de la mano de unos profesionales serios que les han dedicado el tiempo necesario que en cada caso se requería.

Participaciones preferentes .Caducidad de la acción.

A pesar del tiempo transcurrido, estos preferentistas aún pueden reclamar. Las acción de reclamación por vicio en el consentimiento caduca a los cuatro años desde la consumación del contrato (art. 1.301 Código Civil). Los bancos pretendían contar el plazo de caducidad tomando como fecha de inicio la de la orden de suscripción de participaciones preferentes. De ser así, en la mayoría de los casos habrían caducado hace ya tiempo.

Los Juzgados, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, han considerado mayoritariamente que el momento de la consumación del que habla el Código Civil no debe ser equivalente a la fecha de la firma del documento de suscripción (perfección del contrato), sino cuando se hayan cumplido totalmente las contraprestaciones de ambas partes.

En éste tipo de operaciones de tracto sucesivo, la jurisprudencia entiende que la consumación se produce en la fecha del vencimiento del ejercicio del derecho de amortización anticipada de la inversión que se reserva el banco a su favor, por ser una parte esencial del contrato.

En el caso de la última emisión de preferentes de Caja Madrid éste plazo estaba previsto a partir del quinto año, es decir en el año 2014. Se considera que no es hasta este momento hasta el cual los adquirentes pueden saber, con exactitud, la extensión real de las cargas a soportar. A partir de esta fecha empezaría a contar el plazo de caducidad de los cuatro años que señala el Código Civil, lo que ha llevado a que los tribunales hayan desestimado mayoritariamente las excepciones de caducidad formuladas por los bancos, por considerar que las acciones hasta ahora no han caducado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que a mediados del año 2012 se anunció por parte de Caja Madrid que se dejarían de pagar los cupones y, unos meses más tarde, se destapó en prensa el “escándalo de las preferentes”, una interpretación más estricta de la norma podría ser la que apunte a que el inicio del plazo de caducidad debería de serlo desde el momento en el que los inversores descubrieron que no estaban ante un plazo fijo sino ante una inversión perpetua que no iban a poder recuperar, ya que en ése instante el hecho que ha originado el error al que fueron inducidos los interesados dejó de permanecer oculto. Esta interpretación nos llevaría a entender que la caducidad se produciría, en el caso de Caja Madrid, entre mediados y finales del año 2016.

En éste sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 30.06.15, al decir textualmente:

“En relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.”

Por todo ello, no conviene que los preferentistas indecisos dejen pasar más tiempo y puedan arriesgarse a que, en base al criterio más restrictivo, se estime la excepción de caducidad que, de forma casi automática, se está planteando en los Juzgados por parte de los abogados defensores de los bancos.

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Luis Landa Canosa

 @luislanda